El 66% de visitas realizadas por UIF fueron a negocios de construcción e inmobiliario. Dinero proveniente de minería ilegal y narcotráfico tiende a invertirse en propiedades.

El Gobierno está decidido a ponerle ‘dientes’ a la lucha contra el lavado de activos. Por ello, el pasado miércoles anunció varias medidas que fortalecerán las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y potenciarán el seguimiento de actividades todavía poco fiscalizadas, pero que podrían estar siendo utilizadas para el blanqueo de dinero mal habido.

El negocio inmobiliario es uno de los sectores en los que se redoblará la vigilancia, detalló la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

En ese contexto, un reciente reporte de la UIF da cuenta de la mayor fiscalización aplicada sobre las empresas constructoras e inmobiliarias, que ya tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Así, para asegurarse de que cumplan con proporcionar esa información, la UIF viene aumentando sus visitas o inspecciones a esos negocios. De hecho, en los últimos 12 meses contados a setiembre del 2016, la participación de las compañías del sector inmobiliario y construcción en el total de visitas in situ (tanto de supervisión como preventivas) realizadas por la UIF ascendió a 66%. En cambio, a setiembre del 2015 representaron apenas el 25% de estas inspecciones.

“En buena parte del mundo, el área de construcción e inmobiliaria ha sido un camino para el lavado de dinero. En el país, en los últimos años ha habido un boom de la construcción y, probablemente, muchas empresas pequeñas y medianas que surgieron no están cumpliendo con su obligación (de informar a la UIF)”, explicó Carlos Hamann, socio de Hamann & Albrecht Abogados Consultores.

Del total de procesos sancionadores resueltos a la fecha por la UIF, la mayor incidencia corresponde precisamente a las constructoras e inmobiliarias (37%). Son también uno de los sujetos obligados con menor participación en el envío de reportes de operaciones sospechosas a la UIF en el último año (solo 1%).

El sector inmobiliario y de construcción corre el riesgo de ser usado para lavar dinero sucio proveniente de la minería ilegal o del narcotráfico, alertó Hamann. “Se tiene conocimiento de que hay muchas empresas mineras y exportadoras de oro ilegal que tienden a invertir en propiedades y compañías inmobiliarias”, dijo. Otro los negocios donde la UIF ha puesto el foco es la compraventa de vehículos, que en el último año concentra el 12% de sus visitas de fiscalización. “Una forma importante de introducir el dinero ilícito en la actividad legal es mediante la adquisición de vehículos”, indicó Hamann.

El Gobierno aprobó que la UIF pueda solicitar a un juez que levante el secreto bancario o la reserva tributaria al detectar una operación sospechosa. Además, incorporó a abogados, contadores y procesadores de tarjetas, como sujetos obligados a reportar tales acciones.

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 22/11/2016